Tensión en las cárceles por presos que quieren ser vacunados

Podría haber reclamos fuertes en varios penales de no prosperar la solución a algunos temas de arrastre que agravó la pandemia.

Temas de siempre, problemas sin solución y la incómoda pregunta que interpela a la sociedad: ¿Qué hacemos con los presos?

Tema de eterna sensibilidad, potenciado en estos momentos por la crisis sanitaria pandémica. En el Gobierno eluden el tema ya que sería meterse en una polémica con todas las de perder tras el vacunatorio VIP y la falta de vacunas a sectores esenciales.

La superpoblación carcelaria en los penales bonaerenses es de 114%, aloja a más de 44 mil personas, con una capacidad que alcanza un poco más de 20 mil reclusos. Jueces que liberaron presos o los enviaron a sus casas con prisión domiciliaria pagaron costos políticos por su decisión.

La pandemia está causando un fuerte impacto social en las unidades carcelarias. Expediente Político recogió información de varias fuentes que entienden el problema y reconocieron una acentuada inquietud dentro de la vida carcelaria que podría explotar en intento de motines, la semana próxima.

A los presos se los tiene ajenos a la discusión del plan vacunatorio. Para ellos ni siquiera se especula una fecha tentativa dentro de la incentidumbre general de la falta de insumos para inmunizar contra el virus.

Tampoco se hisopan a los detenidos con síntomas. El virus causó 78 muertes en todo el 2020 en las cárceles bonaerenses. Las cifras son opacas y faltan precisiones actualizadas y globales.

Los potenciamente amotinados tienen una agenda de reclamos que vehiculizan con la Comisión Provincial de la Memoria, tales como ser hisopados, vacunados y también facilitar prisiones domiciliarias para descomprimir la superpoblación carcelaria.

La CPM solicitó a al Corte Bonaerense que arbitre medidas como las de considerar que los presos que comprenden situaciones de riesgo, mayores de 60 y mujeres embarazadas, puedas ser trasladados a lugares de seguridad sanitaria. La tensión y polémica va a crecer en los próximos días.

La interventora del SPF, María Laura Garrigós (Justicia Legítima), sabe que abordar está agenda es trasladarle un conflicto político a Alberto.