“Aguad ordenó el acuerdo con SOCMA para que el Estado no perdiera más dinero”

Lo dice el diputado del PRO, Daniel Lipovezky. En diálogo con Expediente corrió de la responsabilidad al presidente.

El diputado Daniel Lipovetzky, del PRO, es un “todo terreno” en la defensa de la administración de Mauricio Macri. Ante la envergadura política alcanzada por el criticado acuerdo entre el Estado y SOCMA, la empresa de la familia del Presidente, adelantó que es hora de que el Congreso encuentre una solución regulatoria para este tipo de conflictos que hoy éticamente rozan a “Cambiemos”.

En declaraciones exclusivas a ExpedientePolítico, reveló que el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, les manifestó a los legisladores del oficialismo que él ordenó el acuerdo para que “el Estado no siguiese perdiendo dinero”.

Admitió tangencialmente algunas críticas opositoras, pero remarcó que la licuación de la deuda comenzó en el 2003, durante la gestión del kirchnerismo.

A diferencia de Laura Alonso, de la Oficina de Corrupción, que se desligó de la actuación del radical Aguad, Lipovetzky, puso “las manos en el fuego” por Macri.

Ya hay imputaciones judiciales contra el presidente Mauricio Macri y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por el acuerdo alcanzado entre el Correo y el Estado ¿Cómo las califica?

Las imputaciones que puedan hacer un fiscal o un denunciante deben ser decididas por la justicia. Es lo que corresponde. Lo que yo sostengo es que hay que analizar toda la investigación, toda la causa comercial, no sólo la última etapa del acuerdo, sino lo que viene pasando desde 2003 en adelante. La administración anterior no actuó y permitió la licuación de la deuda, provocando un efecto disvalioso a la deuda del Correo con el Estado. En general, no encuentro un encuadre jurídico a estas imputaciones a funcionarios públicos. Son acusaciones políticas que parten de un representante de “Justicia Legítima”.

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, dijo que no pondría las manos en el fuego por ningún funcionario ¿Por qué usted las pone por Macri?

Creo en la vocación de transparencia del Presidente. No tuvo ninguna intención maliciosa. Todo se dio en el marco de un proceso judicial, con la vocación del Estado de llegar a un acuerdo para detener la depreciación monetaria. Confió absolutamente en Macri.

Oscar Lamberto, de la Auditoría General de la Nación, no intervendrá en el pedido formulado por el jefe de gabinete Marcos Peña, para que deslinde técnicamente un posible conflicto de intereses entre el gobierno de Macri y SOCMA,  una empresa de su familia ¿Cómo se sortea este grave obstáculo?

Dispara un debate. Tiene que haber una solución legislativa para el futuro para este tipo de situaciones en las que están involucrados familiares de un Presidente. Hay que encontrar alguna regulación para resolver este tipo de conflicto de intereses. Hay un vacío legal. La Auditoría puede negarse al pedido del jefe de gabinete, pero el Congreso debe encontrar la vía legal para solucionar la cuestión, no por este tema en particular, sino por empresas que mañana pudiesen estar vinculadas de una manera u otra con otro Presidente ¿Quién interviene en estos casos?

Ustedes, los legisladores nacionales de Cambiemos, escucharon la exposición de Aguad ¿Cómo prevé que seguirá este tema que roza éticamente al gobierno de Macri?

Aguad explicó los juicios cruzados con el Correo y admitió que fue él quien dio la orden de hacer el acuerdo para que el Estado no siguiese perdiendo dinero. ¿Cómo sigue? Ya es un tema de discusión legislativa, mientras se espera el pronunciamiento de los camaristas nacionales en lo comercial. Legalmente, esto es así.

¿Espera algún pronunciamiento singular de Elisa Carrió, una aliada clave de la coalición gobernante?

No. La respeto y espero su opinión. Seguramente, tendrá presente que no se trata de una causa de corrupción, como ocurría con el gobierno anterior. Acuérdese de la moratoria muy generosa a Ciccone Calcográfica, vinculada con el ex vicepresidente Amado Boudou. Ahora, estamos en un proceso judicial no firme en un concurso, que generalmente habilita acuerdo con pagos en cuotas y con pocas reciprocidades bilaterales.

¿Hay forma de reparar un acuerdo calificado como abusivo por la fiscal de Cámara Gabriela Boquín, luego de la postura asumida por el procurador general del Tesoro, Carlos Balbín, de ordenar un sumario administrativo y una auditoría?

El Procurador atendió una sugerencia de la fiscal. Creo que no hay responsabilidad administrativa y que es exagerado de hablar de “acuerdo abusivo”. Soy abogado y he intervenido en muchos concursos y quiebras, siempre a favor de los trabajadores. En un montón de casos, las propuestas no eran las más satisfactorias. Pero es el sistema establecido en la ley de quiebras ¿Qué hacemos? Es una buena oportunidad para modificarla ¿Cómo es esto de suspender los intereses en beneficio de la concursada SOCMA?

¿Tiene algo para contestarle al ex ministro Julio de Vido,  quien afirmó que el kirchnerismo no acordó con SOCMA pues sus propuestas siempre fueron abusivas?

La intervención de Julio de Vido, nos indica que el camino elegido es el correcto. Si hay alguien sospechado de corrupción, por los créditos a Lázaro Báez y el mal uso de los recursos públicos, es precisamente De Vido. Sus críticas me tienen sin cuidado.

¿Y en el caso de la diputada Victoria Donda, quien presentó un amparo ante el fuero contencioso administrativo para que se suspenda cualquier resolución en relación con este acuerdo?

No lo veo por ese lado. Hay jueces comerciales habilitados para aprobar o no este acuerdo. Están dadas las garantías para proteger el interés público. Le repito que el dictamen de la fiscal es grosero y erróneo, pero ahora que el caso tomó estado público y se observa que está involucrada la familia del Presidente, los magistrados deberán pronunciarse  en una situación que se repite periódicamente. A mí me puede gustar o no. Jamás he defendido a un concursado o quebrado, solo a trabajadores que son los que terminan perjudicados.