Cámaras en los colectivos de la Provincia: nadie quiere poner la plata

Los empresarios pidieron una reunión con Ritondo. Dicen que cada una vale 4 mil dólares. En 180 días deben estar instaladas.

Menos de seis días después que el Senado de la Provincia de Buenos Aires convirtiera en ley un proyecto que obliga a instalar sistemas de cámaras de seguridad en todos los colectivos que realizan recorridos por el territorio bonaerense, los empresarios del sector pidieron una audiencia urgente con el ministro Cristian Ritondo.

¿Cuál es la preocupación de los dueños de las firmas de colectivos? Que la norma detalla que las empresas de transporte serán las encargadas de la instalación de las cámaras y, además, establece como plazo máximo 180 días para acondicionar sus unidades.

“Cada equipo, entre las cámaras y el almacenamiento, cuesta 4 mil dólares y no estamos en condiciones de afrontar ese gasto. Por eso pedimos la reunión urgente con el ministro”, remarcó Oscar Alvarez, presidente de la Empresa “Línea 216”, que tiene 503 unidades y es la más grande de la Provincia si se toma como referencia el personal y la cantidad de colectivos.

Desde su cargo como directivo de la Cámara Empresaria de Autotransporte De Pasajeros (CEAP), llevará la propuesta para que la Provincia se haga cargo de los equipos. “En la Ciudad de Buenos Aires también es ley y las cámaras las colocará la Jefatura de Gobierno”, agregó Alvarez.

Consultado sobre la efectividad del sistema, recordó: “Hace unos años probamos los equipos en dos unidades y realmente es la mejor herramienta para la seguridad de los choferes y pasajeros”. A su vez, criticó los botones antipánico que había implementado la gestión Scioli en los últimos años en la Provincia.

Según el texto de la ley había sido votada por la Cámara baja semanas atrás, los colectivos “deberán contar con cámaras de seguridad en el interior de cada vehículo, que filmen en tiempo real y almacenen las imágenes durante un período cierto, en las condiciones que establezca la reglamentación”.

La propuesta llegó a la Legislatura de la mano del diputado de Cambiemos Martín Domínguez Yelpo, luego de un acuerdo entre Ritondo y los gremios, ante la repetición de violentos asaltos dentro de colectivos que recorren el Conurbano.

Según el texto de la ley -que aún no fue promulgada-, las unidades deberán estar señalizadas con cartelería que indique que cuentan con cámaras de seguridad. En otro párrafo, la ley establece que “las imágenes obtenidas tienen carácter absolutamente confidencial y sólo podrán ser requeridas por la autoridad pública o judicial para la investigación de causas penales o contravencionales”.

Una nueva polémica en puerta, en la que empresarios y la Provincia tienen 180 días para negociar.

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