Crece el escándalo en el Consejo de la Magistratura porteño

El escándalo en el Consejo de la Magistratura porteño por la compra de un edificio en U$S 3.750.000 no para de crecer. Primero, el jefe del bloque de Pino Solanas en la Legislatura, Julio Raffo, hizo una denuncia penal porque el inmueble habría sido valuada en un 21% más de la tasación del Banco Ciudad. Ahora, el diputado macrista Gerardo Ingaramo presentó un pedido de informes ante el organismo. La compra que desató el escándalo se aprobó en la última sesión de 2010, el 17 de diciembre, que también significó el final del mandato de seis de los nueve consejeros. Lo más llamativo es que se concretó apenas seis días hábiles más tarde, el 29 de diciembre. El edificio está ubicado en Lavalle 639. Ingaramo, que preside la comisión de Justicia, quiere saber cuánto costó la operación inmobiliaria incluyendo honorarios, gastos, comisiones e impuestos para determinar “si se justificó adecuadamente como lo exige expresamente la ley vigente, puesto que la transacción habría excedido en un 21% la tasación oficial del Banco Ciudad”. También solicitó que se identifique el escribano público interviniente y quien firmó en nombre del Consejo de la Magistratura. Otro dato que alertó al PRO fue del destino del edificio. “Se solicita nos informen por qué una búsqueda inicial de un inmueble de 200/300 mts2, para escasas 2 docenas de personas- según consta en el Expte- se transformó en la adquisición de un bien en el que se proyecta construir 8.000 mts2″, dice el pedido de informes. El Consejo tiene ahora un plazo de diez días hábiles para contestar, que se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez días hábiles. La operación inmobiliaria ya esta siendo analizada por la Justicia. La denuncia penal del legislador Julio Raffo cayó en manos del juzgado Correccional Nº12, a cargo de Raúl Juan Emilio García. Se investiga, por el momento, una supuesta malversación de caudales públicos, un delito previsto en el artículo 260 del Código Penal. La sesión del 17 de diciembre dejó otros datos llamativos. Según la presentación de Ingaramo, el consejero Julio De Giovanni tuvo que reasumir su cargo por tres días para estar presente en esa votación. Aunque su mandato se venció, el ex legislador seguirá en el organismo a cargo de la Unidad de Implementación y Seguimiento de la Políticas de Transferencia de Competencias, un cargo que tiene rango de camarista, confirmaron fuentes oficiales. Ese día también se aprobó un nuevo reglamento para la Cámara Contravencional que modifica la forma de elecciones de sus autoridades. La decisión desató una feroz interna entre los camaristas que ya recaló en los Tribunales. Los camaristas habían elegido a José Saenz Capel para presidir la cámara durante 2011. Pero Jorge Franza cuestionó esa elección ante el Consejo. Finalmente, los camaristas ratificaron su decisión y denunciaron que se busca “interferir en la independencia de los jueces”. “La presidencia es muy valiosa porque al haber una vacante en el Superior Tribunal se están turnando los presidentes de la cámaras ese lugar. Además, el presidente tiene la superintendencia sobre los jueces de primera instancia”, explicó un funcionario del Gobierno porteño, preocupado por las derivaciones de la escandalosa sesión.