De Vido tiene un call center con empleados precarizados

En el noveno piso del Ministerio de Economía funciona un call center las 24 horas del día. Trabajan 156 personas, en diferentes turnos, para atender reclamos sobre cortes de luz. Todos tienen credenciales del Ministerio de Planificación, pero ninguno pertenece a la nómina de empleados estatales: son contratados de forma temporal a través de una oscura tercerización con dos universidades nacionales de la provincia de Buenos Aires, que cobran al menos un 10% de los fondos públicos para realizar los pagos. El “emprendimiento” está a cargo de Marcelo Montero, un dirigente radical porteño que saltó al kirchnerismo y que depende del Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, principal responsable de esa oficina. El call center se abrió en marzo, con apenas diez empleados que trabajan con sus celulares. El violento temporal de la primera semana de abril, que golpeó con fuerza a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, y dejó sin luz a miles de personas, fue la excusa para sumar cada vez más personal. La oficina 941 sigue creciendo, aunque cada vez recibe menos llamados. Hay un promedio de 50 a 100 reclamos diarios. Muchos provienen de zonas de bajos recursos. No hay solución para todos. “No realizar callback (llamado posterior para comprobar si hubo solución) a los siguientes usuarios”, se puede leer en un cartel de la oficina. Nadie entra al call center sin el visto bueno de Marcelo Montero (43), coordinador operativo del Ministerio de Planificación. También se encarga de digitar los ingresos su secretaria, Lorena Benedetti. Montero fue candidato a diputado por la Ciudad y vicepresidente de la UCR de Capital Federal. Saltó al kirchnerismo de la mano del poderoso Julio De Vido. En su blog radical (http://www.monteroucr.com.ar) suele alabar el modelo “nacional y popular” y castigar a opositores. Su última publicación se la dedicó a la diputada Elisa Carrió: “Es una triste vocera de las corporaciones”, dijo. “Montero no hace ningún movimiento sin la aprobación de Baratta”, responsable político de esa oficina y otros “emprendimientos” similares basados en contratos “basura”, dicen en el Gobierno. El call center funciona gracias a un oscuro esquema de precarización laboral, largamente expandido en la administración pública. Apenas ingresan, los empleados reciben un instructivo para facturar mensualmente a las Universidades de San Martín y de Lomas de Zamora. Por una jornada de seis horas, cobran alrededor de 5.000 pesos. Hay un plus para el turno noche de otros 1.000 pesos. Las facturas son por contratos de locación hacen referencia a un supuesto convenio entre la casa de estudios y el Ministerio. El diario Clarín intentó saber, sin éxito, algún dato del convenio. Nadie sabe cuál es el presupuesto que gira la cartera de De Vido a las universidades controladas por el kirchnerismo. Y los fondos no son auditados, como comprobó un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) publicado en marzo pasado. “Nosotros pagamos por cuenta y orden del Ministerio y nos quedamos con un 10 por ciento en concepto de gastos administrativos. También tenemos convenio con el Ministerio de Economía. El dinero recaudado lo destinamos a obras de infraestructura que no podemos hacer con nuestro presupuesto”, admitió esta semana una autoridad de la Universidad de San Martín. Mediante un mecanismo similar, esa casa de estudios, dirigida por el kirchnerista Carlos Ruta, creó una medidora de audiencia oficial. Para ese proyecto recibe $45 millones.