El Gobierno no podría ser querellante

El fiscal Federico Delgado rechazaría en las próximas horas el pedido del Gobierno para ser querellante en la causa. Así, el juez Bonadío no tendría demasiadas chances de hacer lugar a la pretensión. La causa judicial se sigue ampliando porque se le van sumando otras causas judiciales previas contra la empresa TBA e informes estatales sobre el manejo de los subsidios. Unos de los abogados que representa a más de 100 víctimas de la tragedia calcula que en la denuncia civil se podría reclamar al Estado y a la empresa un total de 1.200 millones de pesos. A todo esto, el Gobierno anunció hoy la intervención de la empresa concesionaria, una forma de ganar tiempo antes de quitarle la concesión a Cirigliano. La decisión de la intervención ya estaba tomada antes del acto de Cristina en Rosario: los intendentes recibieron la invitación de De Vido, con quien se reunieron esta mañana, antes de escuchar a la Presidenta, que no quiso involucrarse en la parte “administrativa” de la tragedia.