El Gobierno puso la inseguridad como eje de campaña y criticó a una jueza al estilo K

Varios factores se alinearon para la catarata de declaraciones en contra de la jueza que liberó a un motochorro colombiano a cambio de 700 pesos. Primero, el gobierno de la Ciudad estaba avanzando en un plan especial para combatir esa modalidad del delito. Segundo, esta semana se alinearon los planetas para que las elecciones en la Ciudad y la Provincia se hagan el 27 de octubre. Más que nunca, había que mandar un mensaje de unidad hacia la sociedad.

Primero fue el jefe de Gobierno el que se despachó contra la jueza Patricia Susana Guichandut. Dijo que estaba recontra caliente con lo que había hecho. Luego se sumó Diego Santilli, responsable de la seguridad en la Ciudad. Y por último el presidente Mauricio Macri, que se despachó contra la jueza como solía hacer Cristina Kirchner.

Aunque se evalúa presentar una denuncia en el Consejo de la Magistratura, con el correr de las horas en el Gobierno admiten que la jueza no es de la linea de Zaffaroni y que tiene buenos antecedentes. “La ligó porque se equivocó (con lo del motochorro) pero no es una mala jueza“, se escuchó decir a un funcionario en el Ministerio de Justicia.

En la Justicia la mayoría de sus colegas remarcan la responsabilidad de la fiscal, Dora Olivieri, que con su dictamen no le dejó margen de acción a la jueza para avanzar con la probation.

La jueza se defendió a través de un comunicado. Sostuvo que nunca fue informada de que el colombiano tenía antecedentes en su país de origen ni tampoco que tenía un impedimento para ingresar a la Argentina. Sobre el caso del uruguayo, dijo que no tuvo esa causa. En realidad, la Policía intentó comunicarse con el juzgado de Ejecución 4, pero como no respondían los llamados acudieron a la jueza Guichandut, que estaba de turno. Esa es la explicación formal para el contrapunto con el Ejecutivo.