El paquete del Congreso: polémica por baja de impuestos a cigarrillos

Se incluyó en la letra chica del paquete impositivo a tratarse en Diputados. La reducción va en contra de las consideración de la OMS.

El paquete de reforma tributaria comienza a ser un cruce de intereses muy complejo. La Cámara de Diputados comienza tratará la reforma con una sorpresa inesperada. Mientras que a las gaseosas se les subiría los impuestos, pese a la queja de una importante multinacional, a las tabacaleras se le bajaría el gravamen, sin mediar una explicación lógica.

La baja proyectada, en la letra chica de la iniciativa oficialista, plantea pasar del 75% al 70%, lo cual implicará “un retroceso en la protección de la salud”.

Desde el Ministerio de Hacienda señalan que lo que se va a re estructurar es la cantidad de impuestos, simplificándolos, pero “de ningún modo será una baja en el precio del cigarrillo sino que van a subir los de menor costo”, dicen.

El artículo 6 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco reconoce la importancia de mantener una política de precios altos en los cigarrillos y pide a los gobiernos que apliquen políticas tributarias y políticas de precios que contribuyan alcanzar sus objetivos de salud nacionales.

Si bien las provincias tabacaleras encuentran eco en un viejo reclamo de protección de las economías regionales, la medida echa por tierra el postulado que tuvo el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, a la hora de defender las subas de otros impuestos de productos alimenticios y bebidas.

“Hay impuestos que generan distorsiones pero que van en el sentido de mejorar la salud pública y mejorar el costo de las externalidades negativas que en la salud se generan por el excesivo consumo de ciertos productos”, dijo Dujovne.

En el gobierno, van ganando la pulseada los funcionarios pro empresas por sobre una línea más reguladora. Entre los detractores a la medida del Ejecutivo, por su permisividad ante el avance del cigarrillo, figura la Federación Interamericana del Corazón (FIC) que señala la conveniencia de  aumentar, al menos, un 33% el precio real de los cigarrillos, y así el consumo de tabaco se reduciría en 10%. Por otra parte,  aumentaría la recaudación en $6 mil millones al año y se reducirían los costos sanitarios en $1.200 millones por año.