Fuerte debate en el gobierno por los barcos casino

El primer casino flotante llegó en 1999, fin del Menemismo, y sembró una fuerte polémica que siempre vuelve a flote: ¿de quién es la jurisdicción en el agua? ¿Del gobierno nacional, de la ciudad o de ambos? Con el tiempo se fue saldando y mediante el decreto 743/2016, Macri le traspasó toda la responsabilidad a su sucesor en la Ciudad.

La autonomía plena de la ciudad, tantas veces reclamada por el macrismo, tuvo un peso específico en la decisión pero a la vez Macri tuvo algo bien claro ni bien asumió la máxima responsabilidad del país: “no quería seguir pagando costos políticos de la relación con Cristóbal López“, actualmente preso por corrupción.

Esta distancia no quita que las cosas se conversan entre los gobiernos de Cambiemos, sobre todo para controlar el “huracán” Elisa que siempre quiso el juego afuera de la Ciudad. Carrió cuenta con un interlocutor en sus quejas, el asesor polifuncional Fabián Rodriguez Simón, alias Pepín.

La explotación del negocio flotante del juego vence en octubre de este año. Los españoles de Cirsa están muy preocupados por la situación que interpretan se ha politizado. Ya venían cuestionado en medidas cautelares la casi duplicación del canon que les aplicó Macri.

La pirámide se invirtió de 80 a 20 que se llevaba el juego por sus negocios: ahora el Estado recauda el 80 y el resto queda para los operadores privados.

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La situación altera el futuro de los empleados y sus fuentes laborales ya afectadas en los últimos tiempos por el cierre masivo de Bingos. Estatizar a pleno sería absorber una cantidad significativa de empleados, que dista del ajuste que quiere hacer la administración pública en plena crisis. El sindicato ALEARA hizo una presentación de amparo al haberse revertido la situación económica financiera del sector. Los primeros afectados serán los empleado de La Solidaria.

Larreta está en una disyuntiva, o quiere  generar una fricción con quien viene siendo su principal socia en la ciudad , Lilita, pero al mismo tiempo sería letal para su administración, en tiempos de crisis, resignar alrededor de 10 mil millones de pesos.

La opción de mínima sería establecer una renovación acotada o ir hacia un sistema mixto donde parte del juego quede en manos del estado, parecido a la salida de Vidal en provincia que se ha mostrado como “militante” anti juego.