La Corte creó su propio microclima, sin abrirse al acceso a la información

Todos los poderes y organismos públicos se han puesto a disposición, con sus más y sus menos, de la Ley de Acceso a la Información Publica, que impulsó el gobierno de Macri, y que la lleva un año de estar reglamentada. Sin embargo, la nota discordante la dio una acordada de fin de año de la Corte Suprema que con 4 votos a favor y uno en disidencia aprobó la facultad de reservarse el derecho de decidir qué información dar y cuál guardarse, pese a los reclamos de diversas Ongs.

Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz votaron a favor de la polémica disposición interna para el manejo del Alto Tribunal, que ya venía recibiendo observaciones al respecto y requerimientos sobre todo de las declaraciones juradas patrimoniales de sus integrantes.

Por ejemplo, el abogado Ricardo Monner Sanz venía exigiendo con sendos escritos a cada uno de los miembros de la Corte que trasparentaran sus declaraciones juradas.

El ministro Horacio Rosatti marcó la diferencia, votando en disidencia. Dijo que la ley es “perfectamente compatible con la política que viene desplegando el Tribunal”, haciendo alusión a la publicación de los fallos judiciales mediante la creación de el Centro de Información Judicial (CIJ).

El problema reside en que los cortesanos en su mayoría no quieren abrir otro tipo de información que también se aplica a sus más de 3 mil empleados.

La Ley de Acceso a la Información es una herramienta largamente reclamada por diversos sectores, como por ejemplo el periodismo de investigación que ya hace uso de la misma con distinto resultado pero con la casi totalidad de los poderes abiertos al cumplimiento. Desde el mismo poder judicial, el Consejo de la Magistratura ha dado luz verde a requerimientos.

Sin duda la acordada de la Corte es difícil de explicar a la luz de una sociedad cada vez más abierta y exigente. Un micro clima, como el “otro país” de los Rodriguez Saá.