La nueva causa que incomoda al dos de Zannini

Dos testigos declararon en las últimas horas ante el juez Julián Ercolini y complicaron seriamente a Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini, en la causa que investiga sus vínculos con la consultora ADCONSA, contratada por él mismo, desde 2006 hasta la fecha, para realizar diversos trabajos para la Secretaría Legal y Técnica. Los testigos, que trabajaron en la consultora, confirmaron que la firma subcontrataba los trabajos por falta de personal y sobrefacturaba los mismos, tal como había revelado una investigación de Clarín.

“Desde enero de 2006, notaron que necesitaban más estructura para hacer recursos humanos, para poder llevar a cabo la tarea (la informatización del Boletín Oficial), estudiaron varias alternativas y decidieron subcontratar a la empresa BDO Becher”, declaró uno de los testigos, dijeron fuentes judiciales. La maniobra apuntaba a sobrefacturar los trabajos: ADCONSA le pagaba $120 mil a BDO por quincena y cobraba $400 mil en la Rosada. Un ex funcionario, Daniel Bara, se negó a autorizar las facturas. “A partir de ese momento su situación fue tensa dentro del BO y lo terminaron despidiendolo el primer día hábil después de las elecciones de 2007”, aseguró el primer testigo (su nombre se mantiene en reserva). Las facturas finalmente habrían sido aprobadas por Daniel Feijoo, director actual del Boletín Oficial.

Liuzzi está imputado en la causa tras una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, quien recogió una investigación de este diario. También es investigado su amigo, Gustavo Benvenuto, supuesto dueño de la consultora y socio de Liuzzi en una empresa constructora.

El 23 de marzo, Clarín publicó documentos oficiales que prueban que ADCONSA fue contratada por Legal y Técnica durante los últimos ocho años. Sólo en 2009, la consultora le facturó $29.112.012 al área que conduce Zannini. La consultora, bajo la figura legal de Ente Cooperador, desarrolló el sistema informático del NIC.ar, el organismo que administra los casi 3 millones de sitios web que hay en el país y que ahora deben pagar.

El segundo de los testigos que declaró la semana pasada ante el juez Ercolini confirmó que la consultora era beneficiada en la Rosada. “Las tarifas que se cobraban a Legal y Técnica eran muy importantes, por ejemplo, el documentador, la persona más baja del escalafón cobraba $110 por hora en 2007”, declaró un ex empleado. Y agregó: “La pretensión de ADCONSA era que el 100% de las horas de todo el personal se facturara. Gustavo Victoria (gerente general de la consultora) insistía que se facturara todo, lo que resultaba incompatible con los requerimientos y con el estilo de administración del proyecto”.

Ese mismo testigo participó de una reunión en la Rosada junto a Liuzzi y Benvenuto. Según declaró ante el juez Ercolini, era ostensible la “relación de confianza” entre ambos. Clarín ya había revelado que se conocieron en 1991, en el country “Los Lagartos” de Pilar, por intermedio del empresario Fernando Torretta.

A partir de estos dos testimonios, el juez Ercolini citaría a varios de los funcionarios nombrados, aunque ya tomó otras medidas de prueba: le solicitó a la IGJ los antecedentes de ADCONSA y de la constructora que Liuzzi declara como propia, Desarrollo y Construcción SA. También requirió un informe sobre la financiera “Finance Sociedad de Bolsa”, propiedad de Benvenuto.

El segundo de Zannini ya tiene otras dos causas abiertas por el llamado con el juez Oyarbide, que derivó en la suspensión de 22 allanamientos, y por supuesto enriquecimiento patrimonial.