Liuzzi quiere cerrar una de las causas en su contra

En silencio, los abogados del subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, intentan por estas horas que se cierre la causa judicial que investiga los millonarios contratos con la consultora ADCONSA, propiedad de su socio, Guillermo Benvenuto. Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, la defensa de Liuzzi presentó un recurso de excepción por cosa juzgada ante el juzgado de Julián Ercolini. El argumento principal es que el funcionario que trabaja a la sombra de Carlos Zannini ya fue juzgado por el delito de negociaciones incompatibles.

Efectivamente, Liuzzi fue sobreseído por el juez Norberto Oyarbide a comienzos de 2013, pero el abogado Ricardo Monner Sans lo volvió a denunciar en base a una investigación de este diario que reveló nuevos hechos sobre el vínculo entre ADCONSA y Liuzzi.

Por los contratos de ADCONSA, Ercolini ya le tomó declaración a dos ex empleados, quienes confirmaron que la consultora subcontrataba a la empresa BDO Becher por falta de personal y sobrefacturaba los trabajos en la Casa Rosada, tal como había revelado este diario. Esa maniobra se habría repetido durante la informatización del Boletín Oficial, uno de los trabajados otorgados por Legal y Técnica.

Según los dos testigos, Daniel Bara, un ex funcionario de Legal y Técnica, fue echado en 2007 por negarse a autorizar las facturas, lo que obligó a intervenir al director del Boletín Oficial, Daniel Feijoo, un hombre alineado a Zannini y Liuzzi. Para confirmar esa versión, el juez quiere que declare Bara, pero el trámite no será sencillo porque vive en Estados Unidos. “Estamos esperando información de Migraciones para saber su ubicación actual”, dijeron ayer en el juzgado.

La causa igual avanza. Ercolini recibió un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre ADCONSA y la constructora que Liuzzi declara como propia, Desarrollo y Construcción SA. Pero los datos son incompletos, y el juzgado volvió a reclamar información al organismo controlado por La Cámpora.

Según documentos revelados por Clarín en marzo de este año, Legal y Técnica contrató a ADCONSA durante los últimos ocho años. Sólo en 2009, la consultora le facturó $29.112.012 al área que conduce Zannini. Bajo la figura polémica de Ente Cooperador, la consultora informatizó el Boletín Oficial y desarrolló el sistema informático del NIC.ar, el organismo que administra los casi 3 millones de sitios web que hay en el país y que ahora deben pagar.

En los papeles, la consultora investigada es de Benvenuto, pero el empresario conoce a Liuzzi desde 1991 y solía visitar la Rosada.

Ante el avance de la causa, los abogados de Liuzzi acaban de pedir que se cierre la causa por cosa juzgada. El criterio, pudo saber este diario, sería acompañado por el fiscal Miguel Osorio.

En el expediente también se sumó una presentación de la La Ley SA, otra firma que trabaja para Legal y Técnica como ente cooperador. Sus abogados “se pusieron a disposición” del juzgado.

El segundo de Zannini, que este año declaró un patrimonio de $6.379.240, también es investigado por supuesto enriquecimiento. En esa causa, que tramita en el juzgado de Luis Rodríguez, acaban de llegar informes patrimoniales de Liuzzi y sus familiares. El funcionario no tiene caballos de pura sangre ni aeronaves a su nombre. El único dato que sorprendió fue una propiedad en Puerto Madero a nombre de su ex esposa, Gloria Martínez, también imputada.