Los negocios y el presente del yacimiento de Río Turbio, el refugio para Aníbal

Julio De Vido y otras 20 personas van a juicio por la causa que investiga el desvío de fondos en Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT).

Julio De Vido, Roberto Baratta y Jorge Mayoral, junto a otras 16 personas, están procesadas por el delito de administración fraudulenta y esperan el juicio oral por el desvío de fondos durante la gestión de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). El juez Luis Rodríguez investigó el destino de partidas presupuestarias por 26.000 millones de pesos que debían aplicarse a la modernización y puesta en valor de la mina. El ex ministro está acusado de haber malversado 265 millones de pesos. A ese lugar fue enviado Aníbal F.

En la causa judicial, la justicia estableció que se firmaron distintos convenios por 4.866.400.000 pesos, de los que se facturaron 1.379.923.949 pesos, de acuerdo a lo establecido por la SIGEN. En consecuencia, el perjuicio a las arcas del Estado Nacional ascendió, “en principio y cuanto menos, a la suma de 176.074.373,92 pesos”.

Mientras la Justicia decide la suerte de los ex funcionarios, la realidad indica que se necesitan unos US$ 240 millones para termina la usina, según un informe elaborado por las autoridades de Yacimientos Carboníferos que publicó el diario Clarín.

Una vez que la construcción fue suspendida, quedaron 40 empleados en el lugar, que en la actualidad básicamente hacen tareas de vigilancia y limpieza. En el predio llegaron a trabajar más de 1.000 personas.

Actualmente, la mina de Río Turbio produce unas 30 mil toneladas de carbón por mes, pero no están destinadas a la usina si no que se comercializan en otros sectores del país y el extranjero.

En las últimas elecciones, Aníbal Fernández había intentado ingresar como concejal en Pinamar, pero terminó perdiendo la interna del PJ y dio un paso al costado. Durante la campaña tuvo escasas apariciones mediáticas, un terreno que siempre dominó. Finalmente llegó el premio consuelo. Hoy fue designado a través del decreto 119/2020 que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.