Macri enfureció con el escándalo de la Magistratura

El jefe de Gobierno renegaba ayer por el escándalo que se desató en el Consejo de la Magistratura por la compra de un edificio en casi cuatro millones de dólares y una serie de nombramientos, muchos de los cuales sirvieron para que los consejeros salientes dejaran a personas de confianza en un organismo abarrotado de empleados. A la tarde amagó con una conferencia de prensa, quizás influenciado por su amigo Daniel Angelici, pero finalmente algunos funcionarios desaconsejaron esa idea. Lo convencieron que sería un mal mensaje y podría ser tomado como una intromisión del PE sobre la Justicia. En el macrismo ahora esperan las respuestas a un pedido de informes del diputado Ingaramo (recién entró ayer a la noche al Consejo) para presentar otra denuncia penal (ya hizo una el diputado Julio Raffo, aunque con muy pocos argumentos).

Pero el escándalo sigue. Muchos responsabilizan al Administrador del Poder Judicial, Pablo Casas, un hombre de Juan Manuel Olmos, uno de los que pugna por ingresar al Consejo en representación de la Legislatura. En la cuestionada sesión del 17 de diciembre pasado, el Consejo de la Magistratura aprobó nombramientos, designaciones y varios pases en una suerte de lista sábana. Entre los beneficiados hay muchas personas que figuraban en planta transitoria. En el listado hay casos muy llamativos. Por ejemplo, un ex secretario de un juez porteño saltó de la categoría 11 a la 4 con el aval de la jueza López Vergara, que también nombró a su secretaria privada. La consejera Blasi dejó a su hija y nuera. El camarista Corti, que ahora quedó como presidente, también hizo de las suyas: nombró a su secretario letrado en planta permanente con categoría 3.  Los nombres no aparecen en la taquigráfica y hay que tomarse un tiempo para descubrirlos en la resolución 1090 y sus anexos. Una versión dice que incluso la resolución fue aprobada varios días después, cerca de Navidad, y fue antedatada. Tampoco se explicó con qué fondos se cubrirán estas nuevas erogaciones ni tampoco surge si fueron contempladas en el proyecto de presupuesto. Se calcula que en total implican unos 600 mil pesos mensuales. Mucho dinero para  una caja acotada como la del Poder Judicial.  Llamativamente, en el Consejo están más preocupados por la evolución de conflicto que involucra al negocio inmobiliario.   

Resolución 1090/2010

Anexos