Piden que no se destruyan expedientes judiciales con datos históricos

Por una resolución administrativa, en 30 días empezarían a destruir expedientes judiciales. Preocupación de historiadores, petitorio y reclamo.

Decididamente la relación entre los investigadores (los del Conicet y de otras instituciones) con el Gobierno pasa por un muy mal momento y ahora suma un capítulo más que no está vinculado al cupo de las becas sino a un preocupación aún mayor. Ahora le apuntan a los ministros de Justicia, Germán Garavano y de Modernización, Andrés Ibarra.

Los investigadores afirman que a partir del Edicto Nº 5795/17 del Archivo General del Poder Judicial de la Nación, del 6 de febrero de este año, se destruirán expedientes judiciales de juzgados de Instrucción, correspondientes a los años comprendidos entre 1941 y 1982.

“La documentación que se estaría destruyendo corresponde a litigios que ya habían ingresado en el Archivo General para su resguardo. Al convocar solamente a las ‘partes interesadas’ en la conservación a presentarse en el plazo de 30 días de la publicación en el Boletín Oficial -con justificación del ‘interés legítimo que les asiste’-, no atiende a las posibilidades que la tecnología garantiza para la digitalización y resguardo de la información”, apuntan los historiadores en un petitorio que supera las 45 firmas.

Entre los nombres figuran algunos de los historiadores y especialistas más reconocidos del país como: Dora Barrancos (miembro del directorio de Conicet en representación de las Humanidades y Ciencias Sociales); Jorge Gelman (investigador del Conicet y director del instituto de historia argentina y americana “Dr. Emilio Ravignani”), o la historiadora Hilda Sabato.

“La documentación sobre la que se quieren aplicar estos procedimientos no sólo es fundamental para el interés de los investigadores en su afán de reconstruir el pasado del país y de estas instituciones, sino que lo es aún más para los ciudadanos, puesto que estaría limitando el derecho a conocer y evaluar el funcionamiento de los poderes del Estado Nacional. Más aún, no existen certezas en lo referido a la información sobre los servidores en los cuales se almacenan los documentos electrónicos, la gestión informática de los mismos, el respaldo en caso de ataque cibernético, y el sistema de encriptado que prevengan cualquier tipo de modificación posterior”, señalan y apuntan al ministro de Modernización Andrés Ibarra por la Resolución Nº 44/2016 del 30 de diciembre del año pasado, que “no garantiza la autenticidad ni posibilidad de recuperación de los documentos que genera el Poder Ejecutivo Nacional”, según los investigadores.

A partir de las resoluciones, ahora solicitan que se suspenda “de inmediato” la aplicación de estas disposiciones hasta tanto se expida al respecto una Comisión de trabajo integrada con autoridades e instituciones representativas de la actividad archivística e historiográfica. Afirman que es algo que debería haber planteado el Gobierno de entrada y no actuar a escondidas.

Empezó la cuenta regresiva en otra pelea entre investigadores y el Gobierno, que tensa aún más la relación.

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