Por cruce de presentaciones judiciales se colapsan comisarías porteñas de presos

No hay flujo de recambio en las Unidades penitenciarias. En nombre de derechos humanos se violentan otros derechos que ponen en riesgo a los mismos presos y a terceros.

Todo el desacople partió de una catarata de presentaciones de habeas corpus y fallos contradictorios de magistrados. La interventora del SPF (Servicio Penitenciario Federal), María Laura Garrigós, presentó un pedido ante la justicia Federal para que se tomen medidas de prevención del coronavirus integrales

El celo del cumplimiento de normas fragmentadas, que incluyen eliminar camas dobles en celdas, a la vez emplazar más espacio para presos en unidades que no tiene disposición de metros cuadrados o tener sectores exclusivos para el tratamiento de Covid, mientras crecen los contagios entre los reclusos, generan la alteración de otros derechos básicos.

La cárceles tradicionales quedaron chicas ente esta circunstancias pandémicas y entonces se están acumulando presos en comisarías y alcaldías porteñas, algo que es claramente anticonstitucional y contradice fallos al respecto como el del juez Daniel Rafecas, que viene reclamando medidas urgentes desde el 2019.

Así las cosas, Expediente Politico pudo saber que actualmente hay alojados en comisarías de la ciudad unos 250 y 218 en alcaidías. Los derechos de los pesos vulnerados y los de terceros que tiene un potencial peligro en sus barrios por posible fuga o conflictos.

En comisarías de la ciudad hay unos 250 y 218 en alcaidías Los derechos de los pesos vulnerados y la de terceros que tiene un potencial peligro en sus barrios por posible fuga o conflictos.

En Unidades Penitenciarias como las de Marcos Paz se prohibieron nuevos ingresos de presos, Los traslados a otras unidades penitenciarias quedaron restringidos a procedimientos de testeos que muchas veces demoran un tiempo considerable.

En la presentación del 11 de junio último, Garrigós ya planteaba su preocupación por medidas judiciales contradictorias que “hacen imposible el cumplimiento, con graves implicancias parta las personas privadas de su libertad”.

Califica la situación de “una gravedad institucional extrema” que requeriría un ordenamiento jurídico de parte de la Corte Suprema de Justicia.