El juez Alejo Ramos Padilla confirmó sus sospechas sobre la responsabilidad del periodista Daniel Santoro en cuanto al manejo de la información que le suministraba el “espía” Marcelo D’Alessio, y que habría sido utilizada para extorsionar a personajes de la causa de los cuadernos.

“Se ha corroborado prima facie no sólo el vínculo de conocimiento y confianza que mantenía con Marcelo DA ́ lessio, sino su participación y su aporte en las actividades ilegales que llevaba adelante la organización delictiva investigada”, subraya el pedido de indagatoria.

Agrega el escrito que “no sólo se nutría de la información que le proveía la organización, sino que habría tenido conocimiento de las actividades de espionaje ilegal que desarrollaba, sus métodos y contribuía al desarrollo de los planes ilícitos que llevaba a cabo la organización”.

Ramos Padilla apunta al caso de Gonzalo Brusa Dovat, en el que “no sólo habría tenido conocimiento de los métodos intimatorios y coactivos que fueron ejercidos sobre el ex Director de PDVSA Argentina, sino que su actividad habría estado encaminada a la continuidad del plan pergeñado para que, en contra de su voluntad, Brusa Dovat finalmente formulara una denuncia penal con un contenido direccionado en la Fiscalía Federal de Carlos Stornelli”.

Al respecto, “D ́Alessio le informó a Santoro el 29/01/2019 “estoy ablandando a uno (…) estoy viendo a ver si el jueves te lo puedo sentar (…) te regalo seguro un titular…”.

Según el magistrado, Santoro, tendría conocimiento de que dicha información provenía de actividades de inteligencia prohibidas que se realizaban sobre empresarios o dirigentes políticos, y “que también habría brindado de manera confidencial información a Marcelo D’Alessio respecto de las actividades de sus colegas, que luego eran reportadas a otros miembros de la asociación ilícita”.

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Mientras, el periodista Daniel Santoro reaccionó y dijo que el llamado de indagatoria es una maniobra para desarticular la operación “Puf”, donde ex funcionarios k y presos de la corrupción hablan de una causa armada y sostiene que se intenta “criminalizar al periodismo”.