Schoklender: el juez cambia el enfoque de la investigación

Mientras intenta reinsentarse al mercado laboral y hace un esfuerzo por mantenerse en silencio, Sergio Schoklender acumula malas noticias en Tribunales. La Cámara de Casación rechazó dos recursos extraordinarios de su defensa, que buscaba anular pruebas clave en la causa principal, donde se investiga la posible defraudación de los recursos públicos que destinaba el Gobierno al Programa Sueños Compartidos. Los fallos significan un nuevo impulso a la investigación.
Asistido por su defensora oficial, Schoklender había impugnado los allanamientos realizados en su casa; los balances y estados contables aportados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo; y los informes elaborados por la Auditoría General de la Nación y la Gerencia de Análisis e Información de Operaciones Especiales del Banco Central. La Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, rechazó todas las nulidades, que apuntaban contra el corazón de la investigación. En lo concreto, el ex apoderado de las Madres no podrá llegar a la Corte Suprema.
La situación judicial de Schoklender sigue siendo muy complicada. Según fuentes judiciales, el juez Marcelo Martínez de Giorgi volverá a indagarlo en los próximos meses por la posible administración fraudulenta y las maniobras de lavado de dinero. El magistrado también citará a Pablo Schoklender y otros allegados a los hermanos. Pero la lista de indagatorias se reducirá mucho. El anterior juez, Norberto Oyarbide, había procesado a más de sesenta personas y había indagado a más de cien. Otro cambio sustancial en la causa tiene que ver con el enfoque jurídico que propone el nuevo juez. “No vamos a insistir con la asociación ilícita, es una carátula que desligitima la investigación”, adelantó una alta fuente judicial.
La novedad no cayó bien entre las Madres de Plaza de Mayo, que son querellantes en la causa. “Nosotros vamos a insistir en la asociación ilícita”, dijo el abogado de Bonafini, Eduardo Fachal.
Martínez de Giorgi heredó la causa principal, a mediados del año pasado, luego de que la Cámara Federal anuló todas las indagatorias ordenadas por Oyarbide. Pero también tiene el expediente en el que están investigados los funcionarios públicos que entregaban el dinero. Tal como adelantó Clarín hace dos semanas, el juez ordenó varias medidas, y se apresta a llamar a indagatorias. Están en la mira funcionarios municipales, provinciales y del ministerio de Planificación.