Se unificó la investigación contra Oyarbide por la supuesta coima

El juez federal Luis Rodríguez, que investiga si un grupo de policías de la División de Investigación Federal de Organizaciones Criminales (DIFOC) pidió una coima durante un allanamiento en la financiera Propyme, del empresario Guillermo Greppi, también se hará cargo de la denuncia que hicieron tres diputados radicales contra el juez Oyarbide y Carlos Liuzzi, el subsecretario Legal y Técnico que llamó para detener el operativo el 19 de diciembre pasado. Ayer, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, decidió apartarse de esa investigación. La denuncia había sido presentada hace una semana por los diputados Manuel Garrido, José Cano y Mario Negri, quienes acusaron a Oyarbide y Liuzzi, por los delitos de prevaricato, omisión de persecución penal y encubrimiento. Es que el funcionario de la Rosada, mas allá de su condición de abogado, debería haber hecho una denuncia penal al tomar conocimiento del supuesto pedido de coima de parte de los policías a su amigo Greppi.

Liuzzi deberá explicarle al juez Rodríguez por qué llamó a Oyarbide, quien lo había sobreseído en una causa por negociaciones incompatibles, para frenar el allanamiento. El magistrado, en tanto, deberá cruzar los números de teléfonos de ambos para confirmar cómo se enteró Liuzzi de un operativo que se encontraba bajo secreto de sumario. También serán clave los llamados que realizaron aquel día el hijo de Greppi y su abogado, quienes se mantenían en contacto vía telefónica con el dueño de la mutual Propyme.

Tal como estaba previsto, Martínez de Giorgi se apartó de la investigación contra Oyarbide y Liuzzi tras el dictamen del fiscal federal Ramiro González, quien había solicitado que las causas sean anexadas porque están “estrechamente vinculadas”.

No fue el único movimiento en la causa principal. Ayer, la defensa de los policías se opuso a que el financista y su abogado, Fernando Torres, sean querellantes. La abogada Valeria Corbacho, planteó ante el juez Rodríguez que la intención de ser querellantes es “asegurarse el avance de lo que bien podría ser la coartada ensayada para evitar su persecución penal en la causa en la que se ordenaron y paralizaron los procedimientos de registro y secuestro de documentación, y en la que al presente resultan imputados”. Ocurre que los policías, investigados a su vez por Asuntos Internos, aseguran que Greppi inventó la denuncia para evitar el procedimiento.

Las imágenes de las cámaras de seguridad pueden ser una prueba clave, pero hasta ahora solo se conocieron parcialmente.

En Comodoro Py hay expectativa ahora por saber qué hará el juez Oyarbide con el pedido del fiscal Patricio Evers para que reabra la investigación por enriquecimiento ilícito del subsecretario de Legal y Técnica, archivada por Oyarbide solo con un informe favorable de la Oficina Anticorrupción.