Polémica: la Defensoría del Público tiene 115 empleados para monitorear a los medios

Cobran entre 29 mil pesos y 143 mil pesos, de acuerdo a las doce categorías de la Administración Pública Nacional.

“No estamos tratando de silenciar a alguien que piensa distinto sino evitar este tipo de discursos, que sean considerados anacrónicos, que se note que atrasan”. Luego de que Miriam Lewin dijera eso sobre Baby Etchecopar, la Defensoría del Público quedó en el ojo de la tormenta.

Desde Gabriel Levinas hasta Eduardo Feinmann se solidarizaron con Etchecopar. No fueron pocos los que observaron en las palabras de la flamante defensora del Público un intento de limitar algunos discursos de comunicadores sociales no alineados con el gobierno de turno.

La Defensoría del Público “tiene la misión de promover, difundir y defender el Derecho a la Comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional”, según el sitio web oficial.

Para eso, tiene 115 empleados a disposición, entre planta permanente, transitoria o contratados, que cobran entre 29 mil pesos y 143 mil pesos, de acuerdo a las doce categorías de la Administración Pública Nacional (APN), según pudo saber Expediente Político.

La Defensoría del Público cuenta con un presupuesto de 195 millones de pesos anuales que se financia con el “5% de los fondos recaudados por la AFIP por el gravamen proporcional al monto de la facturación bruta de la publicidad tradicional y no tradicional de los medios.

Uno de los últimos monitoreos fue justamente la edición del 20 de junio de La noche de Mirtha Legrand, en la que Baby aseguró que “Cristina Kirchner es el cáncer del país”. Si bien el organismo podía actuar de oficio, realizó un informe por la denuncia de los legisladores kirchneristas.

En su dictamen, la Defensoría del Público consideró que Etchecopar realizó expresiones que “contienen violencia simbólica y mediática en relación con el ejercicio de derechos políticos de las mujeres”, pero Lewin aclaró que no tiene poder sancionatorio ni busca limitar la libertad de expresión.

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