Pepín compra tiempo en Uruguay, en un proceso de extradición que irá lento

Fabián Pepín Rodriguez sabe que su proceso de extradición reclamado por la jueza Servini está desarrollándose en tiempos de mediano y largo plazo, pese a que el gobierno de Lacalle Pou dio muestras de apertura con Alberto Fernández, que quiere una cabeza macrista cuanto antes.

Pepín pidió refugio político a Uruguay que no es lo mismo que asilo. Ambas herramientas jurídicas son de protección para un supuesto perseguido que vea correr peligro en las garantías individuales de regresar a su país de origen.

El abogado se considera un perseguido político y por eso acude al amparo de “refugiado”, sabiendo de antemano que esa figura requiere un proceso de discusión más largo que el de “asilo político”. Además, ser refugiado permite mayor libertad de movimientos que el de ser asilado.

Pepín es, además, parlamentario de Mercosur y reside hace unos meses en Montevideo donde también tiene afilados contactos con el círculo rojo local.

El gobierno uruguayo dio señales ante el embajador argentino Alberto Iribarne de aclarar que no tiene intención de obstaculizar el proceso de extradición, pero también se comenta que no piensa acelerarlo tal como preferiría la Rosada.

En tiempos normales, un proceso de ese tipo demora mínimo entre 6 a 8 meses. Intervienen distintos estamentos como una Comisión de Refugiados que interviene bajo la órbita de la Cancilleria uruguaya.

Este jueves , el acusado de haber montado una red de jueces y fiscales para presionar, entre otros, al Grupo Indalo, escuchará su situación procesal de boca de la jueza Adriana Chamsarián.

Pepín, a través de sus letrados, dirá que no se entrega sino que afrontara el proceso de extradición en Uruguay.