Quién fue el que convenció a Alberto sobre un Tribunal de competencia con la Corte

Un constitucionalista que crece como consejero en el oficialismo. De que trata el proyecto que altera el ánimo de los cortesanos.

Alberto maduró su discurso, confrontativo, desoyendo a sus asesores más cercanos. Cavó un subsuelo más a la Grieta, el mejor negocio político para Macri y Cristina. Hubo, sin embargo, una pata técnica que sorprendió al alzarla con ímpetu en la agenda 2021, en el capítulo reforma judicial.

Anunció  la creación de un Tribunal Superior de Garantías. El nuevo órgano judicial, aún muy verde en sus aspiraciones, tiene como leimotiv sacarle a la Corte Suprema un 80% de asuntos que hoy atiende en tiempos discrecionales. Sin consensos políticos básicos, en medio de una grieta pronunciada y en pleno lanzamiento de la campaña política, parece ilusorio avanzar en este sentido.

Este ambicioso proyecto había sido plasmado en el informe de 11 “notables” jurídicos que entregaron un documento de 700 páginas, conteniendo sugerencias de como agilizar el funcionamiento de la justicia.

Alberto se detuvo con interés en un par de páginas sobre cambios de funcionalidad en la Corte Suprema, proponiendo la creación de un Tribunal intermedio, en espejo con los que acontece en democracias europeas como el modelo Alemán.

El autor de esas líneas, que entusiasmaron al presidente, es el profesor constitucionalista,  Raúl Gustavo Ferreyra, un académico formado en las huestes de Bidart Campos y Eugenio Zaffaroni.

El presidente lo conoció el día de la entrega del informe pero luego pidió verlo a solas, al menos, en tres oportunidades en Olivos. Ferreya es conocido por sectores del oficialismo sobre todo por el actual embajador argentino en Norteamérica, Jorge Arguello, compañero de promoción en la Facultad de Derecho.

Específicamente, el presidente jerarquizó, en su discurso, terminar con el manejo discrecional de la Corte Suprema. Señaló que a través de la interpretación del art. 125 se encaminan a un debate parlamentario sobre la creación del organismo que descentralizara facultades de la Corte.

Sin embargo, Zaffaroni consideró de difícil ejecución el proyecto: “La Corte Suprema por Constitución va a seguir siendo ‘Suprema’ y esta Corte Suprema o cualquier otra que venga en algún momento puede decir que va a revisar por arbitrarias las sentencias del tribunal de arbitrariedad y en este caso van a ser cuatro instancias en vez de tres”.

Toda la presentación de reforma judicial, fue enmarcada como un remedio a la enfermedad de un sistema “en crisis”, que arma causas bajo al denominación Lawfare. En principio, el futuro Tribunal intermedio no atendería causas anti corrupción.

Ferreyra había propuesto, para el nuevo cuerpo, un criterio federal con un representante por provincia. “Es esto o aumentar el número de miembros de la Corte”, le habría dicho a un primer mandatario muy atento.

Si duda, todo este paquete de medidas cayó muy mal a los actuales miembros de la Corte, que vía zoom mostraron fastidios en sus caras ante el discurso presidencial.

Para ámbitos judiciales inquietos,  la reforma nace muerta ya que sería impracticable si no hay una reforma Constitucional, y se parece más a “un pelotón de fusilamiento”.