El caso de la fiscal Goyeneche es un estandarte de la oposición que necesita mayor claridad

Fue destituida en un Jury en Entre Ríos. La fiscal denuncia presiones del poder político. La verdad puede tener varias lecturas. La Corte fastidiada por la nacionalización del tema.

¿Es la fiscal Goyeneche una nueva heroína de la corroída democracia? Su caso es confuso cuando se lo analiza objetivamente sin banderías políticas. La fiscal entrerriana denunció malos manejos administrativos de la legislatura provincial: “Se descubrió una organización mafiosa que simuló contratos desde 2008 por 53 millones de dólares”.

Sin duda movió intereses del sistema político, sobre todo del peronismo, pero el jury que la destituyó hizo apalancamiento en un posible conflicto de intereses de la Procuradora Adjunta,  ya que parece tenía un vínculo personal y comercial con un imputado de la causa que ella encabezaba. Por ende, brindó un flanco muy evidente para que la corrieran. Es todo parte de un combo llamado verdad relativa.

La Corte siente la presión de un estandarte que ha tomado la oposición y es transformar a Goyeneche en una fiscal víctima de la persecución del poder corrupto. El caso explotó en una provincia que está radicalmente enfrentada en las distintas facciones.

Goyeneche fue destituída por el Jury por 5 votos positivos contra 2 negativos . Una Consejera provincial, al defenderla, lo hizo con argumentos muy flojos de papeles. Reconoció en su texto, Anyelén Acosta, que Goyeneche pudo haber cometido algún error de procedimiento en su investigación de manejo de nombramientos y dinero en la legislatura provincial y trazó una extraña comparación:

” Lo sucedido con el presidente Alberto Fernández, quien pagará 8000 dólares luego de que se conocieron las imágenes de reuniones sociales que se mantuvieron en la Quinta de Olivos en plena cuarentena por la pandemia de COVID-19″. “En caso que se haya equivocado, ¿podrá la Fiscal enmendar su error pagando 8.000 dólares, así como lo hizo el Presidente esta última semana?”, cuestionó Acosta en su escrito.

El ex gobernador y embajador de Israel, Sergio Urribarri, fue condenado a 8 años de prisión por mal manejo de fondos públicos. La cuestión es que la fiscal Goyeneche no intervino directamente en la investigación en su contra pero si capitalizó su caída.|

 

El caso Goyeneche se ha nacionalizado y en medio de la Grieta nadie se pregunta sus origenes ni su verdadero trasfondo. Un consultor nacional que trabaja en la candidatura de Frigerio gobernador tambien se acercó a la fiscal para portenciar su denuncia.La fiscal cree que la Corte podría revertir su suerte. En tanto,  algún ministro del Alto Tribunal reacciona con fastidio ya que no les gusta que les manejen lo tiempos o se tiren piletazos.